Source: Deutsche Nachrichten
En mayo de 2026, un grupo de proveedores del proyecto VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), en Río Negro, hizo pública una denuncia que resume bien el punto ciego de la industria energética argentina: un contratista, con apenas 500.000 dólares de capital declarado y antecedentes de impagos previos en Bahía Blanca por más de 2.000 millones de pesos, había seguido sumando contratos en infraestructura estratégica hasta acumular 224 cheques rechazados desde junio de 2025 y una deuda cercana a los 10.000 millones de pesos con empresas de transporte de personal, bulonería, cemento, estructuras metálicas, impermeabilización, arenado e higiene y seguridad. La pregunta que quedó flotando —cómo una empresa con ese historial siguió ganando contratos en un proyecto de esa escala— es, en esencia, una pregunta de verificación: nadie chequeó a tiempo la salud financiera real del contratista antes de firmarlo.
El caso llega en el peor momento para pasarlo por alto. El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI, Ley 27.742) disparó una ola de inversión sin precedentes en Vaca Muerta: más de 16 proyectos presentados, al menos siete aprobados y más de USD 25.000 millones comprometidos, con empresas corriendo contra un plazo de adhesión que vence en julio de 2027. Esa velocidad es, al mismo tiempo, la explicación más probable de casos como el de VMOS: cuando una operadora necesita sumar decenas de contratistas de servicios en tiempo récord para no perder el ritmo de la obra, la verificación financiera y de antecedentes es, con demasiada frecuencia, lo primero que se resigna. El resultado no solo son proveedores impagos: es una cadena de subcontratistas —transportistas, gremios de la construcción, pymes de servicios petroleros— que terminan asumiendo un riesgo que debería haberse filtrado antes de la firma del contrato.
El riesgo humano en Vaca Muerta no se limita a lo financiero. En agosto de 2026, Oldelval, la operadora del oleoducto que transporta el 75% del crudo que sale de la formación, sufrió un ciberataque a sus sistemas administrativos, reivindicado por el grupo de ransomware “The Gentlemen” —responsable, días antes, de un ataque a la petrolera estatal colombiana Ecopetrol—. La compañía logró sostener el transporte de crudo sin interrupciones y restableció los sistemas afectados, pero el episodio deja una lección clara: en infraestructura crítica, el vector de entrada de un incidente rara vez es solo tecnológico. Un contratista con acceso a sistemas SCADA o de tecnología operativa (OT) que no fue debidamente vetado, o un proveedor de servicios de TI sin controles de seguridad exigidos por contrato, puede ser la puerta que un atacante externo termina usando. En Argentina, la protección de estas infraestructuras está regulada por el Decreto 50/2019, la Resolución 1523/2019 sobre Infraestructuras Críticas de Información y el Decreto 941/2025, que creó el Centro Nacional de Ciberseguridad, un marco que exige a las operadoras poder demostrar, y no solo declarar, que gestionan estos riesgos.
“Lo que muestra el caso VMOS es que verificar a un contratista no es un trámite administrativo, es un control de riesgo tan importante como cualquier protocolo de seguridad industrial”, señala Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato. “Antes de firmar a un proveedor de servicios en un proyecto de esta escala, hay que poder responder preguntas concretas: ¿tiene la salud financiera para sostener el contrato?, ¿tiene antecedentes de incumplimientos con otros clientes?, ¿el personal que va a mandar a planta tiene la calificación técnica que dice tener? Automatizar esa verificación, y repetirla durante todo el proyecto y no solo al principio, es lo que permite sostener el ritmo de inversión que trajo el RIGI sin heredar los riesgos que dejó VMOS.”
Para las operadoras y empresas de servicios que crecen al ritmo de Vaca Muerta, la conclusión práctica excede al caso puntual: verificar la integridad financiera, los antecedentes y la idoneidad técnica de cada contratista antes de firmarlo, y sostener ese control durante toda la relación con reevaluaciones periódicas, es hoy tan parte de la gestión de riesgo operativo como el control de acceso a una planta o la ciberseguridad de un sistema SCADA. La velocidad que exige el RIGI no tiene por qué ir en contra de esa verificación; de hecho, en un sector donde un proveedor mal vetado puede convertirse en el próximo VMOS, es la verificación la que permite mantener esa velocidad sin sobresaltos.