Source: Deutsche Nachrichten
Argentina evitó en octubre de 2024 entrar en la temida “lista gris” del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), pero el organismo dejó recomendaciones concretas: mejorar la efectividad del sistema contra el lavado de activos, entender mejor los riesgos vinculados a la corrupción y al sector financiero informal, y reforzar la supervisión sectorial. La respuesta llegó en 2026, cuando la Unidad de Información Financiera (UIF) actualizó su normativa y amplió de forma considerable el universo de sujetos obligados: ahora deben implementar programas de cumplimiento los proveedores de servicios de activos virtuales (exchanges y billeteras cripto), escribanos, contadores y abogados que intervienen en operaciones inmobiliarias o societarias, casas de juego online y comerciantes de arte y metales preciosos, entre otros. En ese contexto, Validato anunció el lanzamiento en Argentina de su servicio de verificación KYC (Conozca a su Cliente) con resultados instantáneos, pensado para que estas empresas puedan cumplir sin frenar sus operaciones comerciales.
El servicio se apoya en cuatro bloques de verificación. El primero cubre identidad y datos societarios: documentos de identidad, información registral de la empresa y de sus representantes. El segundo cruza al cliente contra listas de riesgo internacionales —sanciones, personas expuestas políticamente (PEP) y bases de datos de filtraciones—. El tercero evalúa integridad financiera y legal: procesos judiciales en curso, solvencia e incumplimientos regulatorios. El cuarto analiza huella digital y reputación, a partir de cobertura mediática y fuentes públicas disponibles (OSINT). Todo el proceso combina automatización, para entregar resultados en minutos, con revisión de especialistas humanos en los casos que requieren un análisis más fino, como una coincidencia parcial en una lista de sanciones que necesita confirmarse.
La reforma de la UIF no solo sumó sujetos obligados: también endureció las reglas para todos. El umbral para identificar al beneficiario final bajó del 20% al 10% de participación societaria, con reporte trimestral obligatorio ante ARCA (la ex AFIP) y responsabilidad solidaria del sujeto obligado si identifica mal la cadena de titularidad, incluso cuando esa cadena cruza varias jurisdicciones. Además, se exige un enfoque basado en riesgo (EBR) documentado, con una matriz que segmenta clientes según su nivel de riesgo y revisiones anuales, dejando atrás el cumplimiento de casillero. Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) deben presentarse dentro de los 15 días corridos desde que se califica la operación como sospechosa, e incluir el análisis del beneficiario final y el origen y destino de los fondos. Las sanciones, ahora indexadas por UVA, alcanzan tanto a la empresa como, personalmente, a los oficiales de cumplimiento.
“Con un umbral del 10% y responsabilidad personal para el oficial de cumplimiento, verificar clientes a mano con una planilla dejó de ser sostenible para cualquier sujeto obligado en Argentina, sea un banco, una escribanía o un exchange de criptoactivos”, explica Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato. “Nuestro servicio de KYC existe para que esa verificación sea instantánea, quede documentada y sea defendible ante un control de la UIF, sin que la empresa tenga que elegir entre cumplir la norma y cerrar una operación a tiempo.”
Validato ofrece el servicio bajo un modelo de pago por verificación, sin abono fijo ni contrato de permanencia, lo que permite tanto a grandes entidades financieras como a escribanías, estudios contables e inmobiliarias que recién quedaron alcanzadas por la normativa sumar controles KYC sin una inversión inicial elevada. La compañía, certificada bajo ISO 27001, suma Argentina a su expansión en América Latina después de consolidar presencia en Europa, y prevé incorporar en los próximos meses verificaciones específicas para proveedores de activos virtuales, uno de los sectores donde la UIF puso mayor foco en su última actualización normativa.