Source: Deutsche Nachrichten
Un analista de compliance en una empresa argentina alcanzada por el régimen de la Unidad de Información Financiera necesita evaluar a un nuevo proveedor extranjero antes de avanzar con la relación comercial. Como parte del proceso, corre una consulta en una de las plataformas de “cobertura de medios globales” -global media coverage, en la terminología habitual del sector- que agregan noticias de decenas de países y las cruzan contra el nombre de la persona o la empresa. El resultado trae una alerta: existe una nota, en un medio de otro continente y en otro idioma, que vincula a alguien con ese mismo nombre a una investigación por fraude financiero. La escena, deliberadamente hipotética, describe sin embargo una situación cotidiana en cualquier área de compliance que usa este tipo de herramientas: la alerta llegó, pero todavía no se sabe si describe a la persona que se está evaluando, a alguien con el mismo nombre en otro país, o a una historia que un traductor automático distorsionó lo suficiente como para cambiar su sentido.
Este problema es distinto del que ya generó bastante discusión en la Argentina en torno al derecho al olvido y a la persistencia de noticias viejas en los buscadores. Ahí, el debate es si una información verdadera y antigua debería seguir siendo visible. Acá, el problema es otro: si la información que aparece corresponde, siquiera, a la persona correcta, y si el contexto legal de otro país se está interpretando con las categorías de otro sistema jurídico distinto.
Por qué la escala global agrega un riesgo propio
Las plataformas de cobertura de medios globales que usan bancos, aseguradoras y empresas alcanzadas por regímenes de prevención de lavado de activos rastrean, en simultáneo, publicaciones en decenas de idiomas y jurisdicciones, con procesos de traducción y normalización de nombres que operan a una escala imposible de revisar manualmente caso por caso. Esa escala es, al mismo tiempo, la razón de ser de la herramienta y la fuente de su principal punto ciego. Un nombre común -y en la Argentina, con su alta proporción de apellidos de origen italiano y español, existen decenas de miles de personas que comparten nombre y apellido con alguien en otro país- puede generar una coincidencia que no tiene ningún vínculo real con la persona evaluada. Una nota traducida automáticamente del portugués, el italiano o el inglés puede simplificar, de manera imprecisa, una figura legal que no tiene equivalente exacto en el derecho argentino: lo que en una jurisdicción se describe como una imputación preliminar puede traducirse, sin matices, como “acusado de fraude”, cuando en el sistema de origen esa etapa procesal está mucho más cerca de una denuncia inicial que de un procesamiento formal.
La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales exige, en su artículo 4, que los datos personales utilizados en cualquier tratamiento sean exactos y estén actualizados, y ese estándar no se relaja porque el dato provenga de una fuente internacional agregada por una herramienta tecnológica. Una organización que usa un resultado de este tipo para fundamentar una decisión sobre una persona sin verificar, como mínimo, que se trata de la persona correcta, está tratando como cierto un dato cuya exactitud todavía no fue establecida. El origen internacional y automatizado del dato no lo exime de ese estándar: si acaso, lo hace más necesario, porque el margen de error de una coincidencia de nombre entre jurisdicciones es estructuralmente mayor que el de una búsqueda dentro de un mismo país.
Cuando la información, además de mal atribuida, es directamente incorrecta
Existe una situación distinta y más grave: que la noticia sí corresponda a la persona correcta, pero contenga afirmaciones fácticamente erróneas o descontextualizadas. Para ese escenario, el derecho argentino tiene una herramienta específica, con siete décadas de historia jurisprudencial propia y bastante menos conocida en el ámbito corporativo que el derecho al olvido: el derecho de rectificación o respuesta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación lo reconoció como directamente operativo en el país, sin necesidad de una ley reglamentaria específica, en el célebre caso “Ekmekdjian c/ Sofovich” de 1992, al aplicar de forma directa el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -el Pacto de San José de Costa Rica-, incorporada a la Constitución Nacional. Ese fallo estableció que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de un medio de difusión tiene derecho a efectuar, por el mismo órgano, su rectificación o respuesta. Es una herramienta pensada para el vínculo entre una persona y un medio de comunicación, no para intimar a una plataforma de compliance a eliminar un resultado, pero resulta relevante para cualquier persona que descubre que una nota extranjera la menciona de manera incorrecta: existe, al menos en el sistema argentino, un camino legal para exigir la corrección, distinto y más antiguo que la discusión sobre desindexación de buscadores.
El límite de automatizar la interpretación de un resultado
Ninguna de estas dos situaciones -homonimia entre jurisdicciones o traducción imprecisa de una figura legal- se resuelve dentro de la propia herramienta de cobertura global. Se resuelve con una verificación manual posterior: contrastar identificadores adicionales más allá del nombre -fecha de nacimiento, documento, nacionalidad-, revisar la fuente original en su idioma y jurisdicción de origen, y traducir correctamente la etapa procesal exacta en la que se encuentra ese caso según el sistema legal de ese país, en lugar de asumir una equivalencia automática con las categorías del derecho argentino. Tratar una alerta de cobertura global como una conclusión cerrada, sin ese paso adicional, multiplica el riesgo de una decisión equivocada exactamente en el tipo de proceso -la debida diligencia de terceros bajo el régimen de prevención de lavado de activos que administra la UIF- donde una decisión mal fundada tiene consecuencias tanto para la persona evaluada como para la organización que decidió mal.
Un filtro que necesita revisión humana, no un veredicto automático
Dentro de un enfoque de Human Risk Management, una alerta de cobertura de medios globales debe tratarse como lo que es: un punto de partida que requiere verificación proporcional al riesgo del vínculo que se está evaluando, no una fuente de verdad autosuficiente. Desde Validato, empresa especializada en Background Screening y Human Risk Management, este tipo de resultado se aborda con ese criterio: contrastar una coincidencia de nombre contra identificadores adicionales antes de dar por válida cualquier alerta proveniente de fuentes internacionales agregadas. “Una herramienta que cruza medios de todo el mundo es tan buena como la verificación que se hace después de la alerta. Si esa verificación no existe, lo único que se automatizó fue el error, no la decisión”, señala Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato. “El volumen de información que manejan estas plataformas es un activo enorme, pero solo cuando alguien se toma el trabajo de confirmar que el dato corresponde efectivamente a la persona evaluada y refleja con precisión su situación legal real.”
Una reflexión final
La escala de las herramientas de cobertura de medios globales seguirá creciendo, y con razón: ningún equipo de compliance puede rastrear manualmente publicaciones en decenas de idiomas y jurisdicciones. Pero esa misma escala exige, como contrapartida, una disciplina de verificación que no se automatiza con la misma facilidad. Confundir una coincidencia de nombre con una identificación confirmada, o una figura legal extranjera mal traducida con su equivalente argentino, no es un error menor de una herramienta tecnológica: es una decisión sobre una persona, tomada con datos que todavía nadie confirmó.
Fuentes y marco normativo consultado:
[*]Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, artículo 4, principio de exactitud y actualización del dato
[*]Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Ekmekdjian, Miguel Ángel c/ Sofovich, Gerardo y otros”, 1992, reconocimiento del derecho de rectificación o respuesta como directamente operativo
[*]Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), artículo 14, incorporada a la Constitución Nacional Argentina por el artículo 75, inciso 22
[*]Unidad de Información Financiera (UIF), Resolución 14/2023, régimen de debida diligencia continua para sujetos obligados
