Source: Deutsche Nachrichten
El 19 de febrero de 2026, la organización civil Reset Republicano amplió una denuncia penal por un contrato entre la Cancillería argentina y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para dictar cursos de inglés, cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La ampliación de la denuncia, radicada bajo la causa CFP 631/2026, sumó cuatro elementos concretos: la falta de publicación de la documentación del contrato exigida por el Decreto 202/2017, un salto llamativo en la cantidad de inscriptos -de 10 en 2025 a 132 previstos para 2026-, el cuestionamiento sobre credenciales que la entidad exhibía como exclusivas para exámenes de Cambridge en Buenos Aires, y la carga tardía del contrato en el registro público de la Oficina Anticorrupción, recién visible el 18 de febrero de 2026. La denuncia imputa posibles violaciones a los artículos 248 y 265 del Código Penal, que sancionan el abuso de autoridad y las negociaciones incompatibles con la función pública. El caso está bajo investigación judicial, y lo que existe hasta ahora es una denuncia con elementos que la sustentan, no una condena.
Lo llamativo de este caso no es que la relación entre la funcionaria y el ministro estuviera oculta: es pública y conocida. Lo que generó la denuncia fue que, existiendo esa relación, el contrato se tramitó sin los resguardos de transparencia que la propia normativa exige para este tipo de situaciones, y que las irregularidades solo se hicieron visibles cuando alguien externo decidió mirar con atención. Ese patrón -una relación que no estaba escondida, pero que tampoco fue puesta sobre la mesa de forma proactiva por quienes debían gestionarla- es exactamente el que se repite, con mucha más frecuencia de la que se reconoce, en el sector privado, cuando un candidato a un puesto, o un empleado ya incorporado, resulta también ser dueño, socio o pariente directo de alguien con participación en una empresa proveedora.
Lo que la ley exige en el ámbito privado, y lo que no
En el derecho societario argentino existe una norma específica y de larga data para esta situación, aunque pensada originalmente para directores de sociedades: el artículo 272 de la Ley General de Sociedades 19.550 establece que cuando un director tiene un interés contrario al de la sociedad, debe hacerlo saber al directorio y a los síndicos, y abstenerse de intervenir en la deliberación correspondiente, bajo pena de incurrir en la responsabilidad prevista por la ley para los administradores que actúan con dolo, abuso de facultades o culpa grave. La norma no prohíbe que un director tenga intereses paralelos: exige que los declare y se aparte de la decisión donde esos intereses entran en juego. Es exactamente la misma lógica que, aplicada a un proceso de contratación de personal o de selección de proveedores, resuelve buena parte del problema antes de que se convierta en uno: no se trata de prohibir que un candidato tenga vínculos societarios o familiares con otras empresas, sino de que esos vínculos se declaren quien tiene que evaluar o decidir sobre una relación comercial con ellas.
Para el resto de los empleados, sin cargo de director, la Ley de Contrato de Trabajo no tiene un artículo tan específico como el 272 de la ley societaria, pero los principios generales de buena fe y colaboración de los artículos 62 y 63 cumplen una función equivalente: la jurisprudencia laboral los utiliza de manera consistente para evaluar si un trabajador actuó de forma leal con los intereses de su empleador, y ocultar de manera deliberada una relación económica o familiar relevante con un proveedor encaja, sin dificultad, dentro de una violación a ese deber. La Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por su parte, contempla la debida diligencia hacia terceros y las políticas de conflicto de interés como elementos recomendados dentro de un programa de integridad, no como una obligación legal autónoma para toda empresa: la implementación de estos programas es en general voluntaria, salvo para quienes contratan con el Estado por encima de determinados montos, donde la ley sí la exige. Distinguir esto importa: para la mayoría de las empresas privadas argentinas, tener una política de declaración de conflictos de interés es hoy una buena práctica recomendada, no un mandato legal, aunque su ausencia puede pesar en contra si más adelante aparece un problema de este tipo.
Por qué “a simple vista” no significa “declarado”
El caso de la Cancillería ilustra algo que conviene tener presente: que una relación sea pública o incluso notoria no equivale a que haya sido formalmente declarada y gestionada dentro del proceso correspondiente. Un candidato que es, al mismo tiempo, accionista de una empresa proveedora del sector donde busca trabajar, o cuyo cónyuge dirige una compañía que ya factura servicios a la organización, puede no estar ocultando nada de manera activa: simplemente nadie preguntó, y el propio candidato no consideró necesario mencionarlo porque, después de todo, “no es un secreto”. Ese razonamiento es, en la práctica, el mismo patrón que terminó generando la denuncia contra la Cancillería: la ausencia de una declaración proactiva, en un proceso que debería haberla exigido, dejó una relación relevante sin gestionar hasta que un tercero la señaló.
En Argentina existe una vía formal para verificar, de manera independiente, si una persona tiene participación societaria o cargos de dirección en otras empresas: el pedido de informes ante la Inspección General de Justicia, el organismo que registra a las sociedades constituidas en la Ciudad de Buenos Aires y sus autoridades. No es una consulta instantánea ni gratuita en todos los casos, pero es un mecanismo real y disponible para cruzar, de manera puntual, si un candidato o un proveedor comparten estructura societaria, algo que muchas organizaciones nunca llegan a verificar porque no forma parte de su proceso estándar de contratación.
Un criterio de función y decisión, no una sospecha sobre cualquier vínculo
Esto no implica que toda organización deba investigar los vínculos societarios de cada candidato de manera sistemática: eso sería desproporcionado para la enorme mayoría de los puestos, donde ese tipo de relación, aunque exista, no tiene ninguna incidencia sobre decisiones de la empresa. El criterio relevante, dentro de un enfoque de Human Risk Management, es la capacidad de decisión que el puesto otorga: quien participa en la selección de proveedores, en la aprobación de pagos o en la negociación de contratos con terceros ocupa una función donde un vínculo no declarado con una de esas partes sí representa un riesgo concreto, mientras que la misma situación resulta irrelevante para un puesto sin ninguna injerencia en esas decisiones. Desde Validato, empresa especializada en Background Screening y Human Risk Management, este tipo de verificación se plantea en esos términos: identificar cuándo un vínculo societario o familiar tiene relación directa con la función que la persona va a ocupar, sin tratar cualquier relación externa como una alarma automática. “El problema casi nunca es que la relación exista. El problema es cuando nadie la preguntó, y la persona que sí tenía que decidir sobre ese proveedor terminó haciéndolo sin saber que había un vínculo de por medio”, señala Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato. “Declarar un conflicto de interés no descalifica a nadie: lo que expone a la empresa es no haberlo preguntado a tiempo.”
Una reflexión final
El caso de la Cancillería está en etapa de investigación y merece ser tratado con esa cautela. Pero el mecanismo que expone ya es una lección disponible para cualquier área de RR.HH., legales o compliance en el sector privado: una relación pública, conocida o incluso evidente no equivale a una relación declarada y gestionada dentro de un proceso formal. La pregunta que suele faltar en una entrevista o en la incorporación de un proveedor no es compleja ni intrusiva. Es, simplemente, si existe algún vínculo que debería conocerse antes de que alguien tome una decisión.
Fuentes y marco normativo consultado:
- Denuncia penal ampliada por el contrato entre la Cancillería argentina y la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, causa CFP 631/2026, presentada por Reset Republicano el 19 de febrero de 2026 (cobertura periodística)
- Código Penal de la Nación Argentina, artículos 248 (abuso de autoridad) y 265 (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas)
- Ley General de Sociedades 19.550, artículo 272, interés contrario de los directores
- Ley de Contrato de Trabajo 20.744, artículos 62 y 63, buena fe y colaboración
- Ley 27.401 de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, elementos de debida diligencia hacia terceros y conflicto de interés dentro de los programas de integridad
- Inspección General de Justicia, procedimiento de pedido de informes sobre sociedades registradas (Argentina.gob.ar)