Source: Deutsche Nachrichten
En agosto de 2020, en pleno contexto de pandemia, una mujer se inscribió en el sistema de salud de Río Negro presentando un título de “Médico Cirujano” supuestamente emitido por la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela, junto con una constancia de convalidación de la Universidad Nacional del Comahue. Con esa documentación ejerció durante casi seis años en centros de salud públicos y privados de General Roca y Villa Regina, incluida la Clínica Roca. La sospecha recién surgió este año, cuando la mujer solicitó inscribirse como especialista en terapia intensiva. Al contactar a ambas universidades para confirmar sus antecedentes, el Ministerio de Salud de Río Negro recibió la misma respuesta de las dos instituciones: no existía ningún registro de que hubiera cursado ni convalidado ese título. El 7 de abril de 2026, la cartera sanitaria provincial presentó la denuncia penal correspondiente por ejercicio ilegal de la medicina y falsificación de documentación, y dispuso la suspensión preventiva de su inscripción. La causa, vale aclarar, está bajo investigación de la Fiscalía N° 4 de General Roca, y lo que hoy existe es una denuncia con elementos que la respaldan, no una condena.
Lo que hace a este caso relevante más allá de la salud es un detalle que suele pasar inadvertido: según se reconstruyó públicamente, la documentación presentada incluía una certificación notarial que, en un primer momento, disipó cualquier sospecha. El problema no fue solamente que alguien mintiera. Fue que nadie, durante casi seis años, contrastó esa documentación directamente contra la fuente que supuestamente la había emitido.
Por qué “confirmado una vez” no significa “válido para siempre”
Argentina reconoció este mismo punto ciego, aunque desde otro ángulo, con un movimiento regulatorio propio. En abril de 2025, los Ministerios de Salud y de Justicia firmaron un convenio de colaboración institucional para que cualquier persona pueda consultar, en tiempo real, si un profesional de la salud tiene una matrícula inhabilitada por orden judicial, integrando esa información con la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS). Los propios funcionarios que impulsaron el convenio explicaron el problema que buscaban resolver con una frase que describe exactamente la falla estructural: un profesional podía tener una inhabilitación judicial y, sin embargo, seguir figurando como habilitado en los registros oficiales, porque la demora en que un tribunal notificara esa decisión a los organismos de control dejaba una ventana de tiempo en la que el título “parecía” vigente sin estar. La existencia misma de este convenio es una admisión de que, hasta ese momento, verificar una matrícula una sola vez -al momento de la contratación, por ejemplo- no garantizaba absolutamente nada sobre su estado dos, tres o seis años después.
La Ley 17.132, que regula el ejercicio de la medicina en la Argentina, exige matrícula habilitante para el ejercicio profesional y prevé la posibilidad de que las autoridades sanitarias provinciales y los colegios profesionales suspendan o cancelen esa habilitación. Lo que faltaba, y lo que el convenio de 2025 buscó resolver, no era la norma en sí, sino el mecanismo práctico para que quien contrata a un profesional -una clínica, una obra social, un empleador- pueda saber si esa matrícula sigue vigente al momento en que la persona efectivamente presta el servicio, no solo al momento en que fue emitida.
El mismo problema, fuera del ámbito de la salud
La lógica de “verificado una vez, válido para siempre” no es exclusiva de las profesiones de la salud, y la normativa argentina sobre seguridad laboral lo deja particularmente claro. La Resolución 61/2023 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que estableció nuevas exigencias para las tareas que se realizan en altura, obliga a que cada trabajador acredite una capacitación anual en técnicas seguras, dictada por profesionales en Higiene y Seguridad matriculados, y exige a los empleadores mantener esa documentación actualizada y controlar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad correspondientes. La norma es explícita en que la certificación tiene una vida útil de un año, no de por vida: una empresa que verificó la capacitación de un trabajador en un momento dado y no volvió a controlarla no está cumpliendo con la resolución, aunque tenga un papel archivado que diga lo contrario.
Este patrón se repite, con distintos plazos y distintos organismos, en buena parte de las certificaciones que habilitan a una persona a ejercer una función de riesgo: matrículas profesionales que pueden suspenderse por sanción disciplinaria, habilitaciones técnicas con vencimiento periódico, capacitaciones obligatorias que requieren renovación. En todos los casos, el documento que una persona presenta al momento de la contratación es una fotografía de un instante, no una garantía indefinida. Tratarlo como si lo fuera es, en los hechos, dejar de controlar algo que la propia normativa argentina, en cada uno de estos ámbitos, prevé como una obligación de verificación continua, no de una sola vez.
Lo que la proporcionalidad exige, y lo que no
Esto no implica que toda organización deba re-verificar cada credencial de cada persona de forma permanente e indiscriminada: eso sería desproporcionado y, en la mayoría de los casos, innecesario. La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales exige que el tratamiento de datos personales responda a una finalidad determinada y sea proporcional a esa finalidad, y ese mismo criterio debería guiar la frecuencia con la que se controla una certificación. Tiene sentido que una clínica verifique de forma periódica la matrícula de sus profesionales de la salud, dado el riesgo directo para pacientes; tiene sentido que una empresa de construcción controle anualmente la capacitación en trabajo en altura de su personal, porque la propia norma lo exige de manera explícita. Tiene mucho menos sentido aplicar ese mismo nivel de control permanente a una certificación cuya vigencia no incide de forma directa en la seguridad de terceros. La frase “ya lo verificamos cuando entró” funciona, en la cultura corporativa argentina, como un cierre de conversación que en muchos casos debería ser, en cambio, una pregunta abierta: ¿y desde entonces, alguien volvió a mirar?
Un dato que caduca, no una casilla que se marca una vez
Dentro de un enfoque de Human Risk Management, tratar una certificación profesional como un dato con fecha de verificación, y no como un casillero que se tilda una vez y se olvida, es parte de gestionar con seriedad el riesgo asociado a funciones específicas. Desde Validato, empresa especializada en Background Screening y Human Risk Management, la verificación de credenciales educativas y profesionales se aborda precisamente en esos términos: como un proceso que requiere contacto directo con la institución o el organismo emisor, no como la simple revisión de un documento que el candidato entrega. “El problema no es que alguien presente una certificación. El problema es cuando esa certificación se acepta sin contrastarla contra quien la emitió, y sobre todo cuando nadie vuelve a preguntarse si sigue vigente con el paso del tiempo”, señala Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato. “Una credencial no es un dato que se verifica una vez y queda resuelto para siempre: es un dato que puede cambiar, y que en funciones de riesgo hay que tratar como tal.”
Una reflexión final
El caso de Río Negro todavía está bajo investigación y merece esa cautela al describirlo. Pero el problema estructural que expone ya no necesita que la Justicia se pronuncie para ser real: una certificación confirmada en un momento determinado dice algo sobre ese momento, no sobre el presente. Para compliance, RR.HH., seguridad y las áreas que gestionan personal en funciones de riesgo, la pregunta que debería quedar instalada después de este caso no es si alguien pidió el título o la matrícula al contratar. Es si alguien, después, volvió a confirmar que seguía siendo válida.
Fuentes y marco normativo consultado:
[*]LA NACION, “Denunciaron penalmente a una falsa médica en Río Negro que ejerció durante casi seis años”, 7 de abril de 2026
[*]Ministerio de Salud y Ministerio de Justicia de la Nación, convenio de colaboración institucional para verificación de inhabilitaciones judiciales de profesionales de la salud, abril de 2025 (Argentina.gob.ar)
[*]Ley 17.132, Régimen Legal del Ejercicio de la Medicina, Odontología y Actividades de Colaboración (texto vigente)
[*]Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Resolución 61/2023, requisitos de capacitación anual para trabajos en altura
[*]Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, principio de proporcionalidad y finalidad