Source: Deutsche Nachrichten
Pedir el certificado de antecedentes penales en una entrevista de trabajo parece, para muchas empresas argentinas, un trámite de rutina. Sin embargo, especialistas en derecho laboral vienen advirtiendo que esa costumbre puede convertirse en un problema legal serio. La abogada laboralista Carolina Piatti señaló que solicitar antecedentes penales o crediticios sin una razón vinculada al puesto “podría considerarse discriminatorio y violatorio” de los derechos de privacidad que protege la Constitución Nacional. El riesgo no es teórico: desde 2018, una resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social establece que haber cumplido una condena no puede ser motivo válido para rechazar a un postulante, y que los avisos de empleo no pueden excluir a quienes tienen antecedentes penales ya cumplidos. Para las empresas que operan en Argentina, la pregunta ya no es si conviene verificar antecedentes, sino cómo hacerlo sin exponerse a un reclamo.
La Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744 prohíbe cualquier trato desigual fundado en motivos ajenos a la idoneidad para el puesto, y esa idoneidad es, precisamente, el criterio que debería guiar cada verificación. A esto se suma la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326, que exige consentimiento informado y explícito antes de recolectar cualquier dato sobre un candidato, además de una finalidad concreta y proporcional. En la práctica, esto significa que una empresa puede verificar estudios cursados, experiencia laboral, referencias y, en determinados casos, antecedentes penales o situación crediticia, pero no puede indagar sobre afiliación política, religión, orientación sexual o historial médico, salvo que exista una justificación legal específica y documentada para el puesto en cuestión.
El principio que ordena todo esto es el de necesidad y proporcionalidad: cuanto más sensible el chequeo, más clara debe ser su relación con las tareas del puesto. Un cajero o un tesorero puede ser sometido a una verificación de antecedentes penales y situación crediticia porque manipula dinero; un sereno o un guardia de seguridad, por la naturaleza del cargo; un empleado alcanzado por la normativa de la Unidad de Información Financiera (UIF), como quienes trabajan en entidades financieras, aseguradoras, casinos o inmobiliarias, debe pasar por un control de personas expuestas políticamente (PEP) y listas de sujetos sancionados porque así lo exige el régimen de prevención de lavado de activos. En cambio, exigir el mismo nivel de chequeo a un puesto administrativo sin ningún vínculo con el manejo de fondos o información sensible es, cuando menos, un riesgo legal innecesario.
“El error más común que vemos en Argentina es tratar la verificación de antecedentes como un trámite único para todos los puestos, cuando en realidad cada rol necesita su propio criterio”, explica Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato. “Nuestro servicio se armó justamente al revés: la empresa elige, entre más de 18 módulos, cuáles chequeos aplicar a cada posición, deja constancia del consentimiento del candidato y documenta por qué ese chequeo es relevante para el puesto. Eso no solo ayuda a cumplir con la Ley 25.326: también es la mejor defensa si alguna vez un postulante cuestiona el proceso.” El enfoque combina automatización —para cruzar fuentes públicas y acelerar tiempos— con revisión humana en los casos que requieren criterio, como un antecedente que necesita contexto o una referencia laboral que amerita repreguntar.
Con la informalidad laboral en Argentina en niveles cercanos al 43% según el INDEC y un mercado de contratación cada vez más remoto y regional, la verificación de antecedentes dejó de ser exclusiva de bancos y grandes corporaciones para volverse una práctica extendida entre pymes, startups y empresas de tecnología que contratan sin conocer personalmente a cada candidato. Validato, certificada bajo ISO 27001, plantea su llegada al país como una alternativa para que esa verificación se haga de forma proporcional, documentada y legalmente defendible, evitando tanto el riesgo de contratar sin ningún control como el de sobre-exigir información que ninguna ley argentina ampara pedir.