Source: Deutsche Nachrichten
Entre las empresas que aparecen en la causa que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a otros dirigentes por presuntas facturas falsas, hay un detalle que no requirió ninguna pericia técnica compleja para salir a la luz: Central Hotel SRL, una sociedad inscripta exclusivamente para actividades hoteleras, facturó 9,6 millones de pesos por trabajos de construcción. Capadoccia SRL emitió comprobantes por 56,7 millones de pesos, y sus propios titulares reconocieron ante la investigación ser “personas de paja” que cobraron por prestar su firma. Prussian Blue SRL facturó 19,1 millones de pesos por contenido digital y desarrollo de software, con titulares que resultaron ser changarines sin ningún conocimiento técnico en esa área. Según la fiscalía a cargo de Claudio Navas Rial, que en mayo de 2026 amplió la acusación y pidió el procesamiento de los investigados por evasión fiscal agravada, el esquema habría desviado más de 300 millones de pesos entre 2023 y 2025 mediante operaciones sin sustancia económica real. La causa, radicada ante el juez Diego Amarante, continúa bajo investigación, y lo que existe hasta ahora es una acusación fiscal fundada en pruebas concretas, no una condena.
El detalle que conviene subrayar es otro: la desconexión entre el objeto social declarado de una empresa -hotelería- y la actividad que efectivamente facturaba -construcción- no es un dato oculto ni requiere una filtración ni una intrusión informática para detectarse. Es información pública, disponible en los propios registros societarios. Ese es, exactamente, el terreno que cubre el OSINT (open source intelligence, o inteligencia de fuentes abiertas) aplicado a terceros: la disciplina de cruzar información pública, dispersa y accesible, para formarse una idea razonable del riesgo de una contraparte antes de establecer una relación comercial con ella. No implica ningún acceso indebido a sistemas ni ninguna vulneración de privacidad. Implica, en cambio, hacer con método algo que la información pública ya permite hacer de manera dispersa.
Las herramientas que cualquiera puede usar hoy
En la Argentina existen varios registros públicos, gratuitos y de acceso directo, que sirven exactamente para este propósito. El más directo es la base de facturas apócrifas que administra la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, un buscador público donde cualquier persona puede ingresar el CUIT de un proveedor y verificar si fue calificado como apócrifo, con fecha de publicación y descripción del motivo. El propio organismo describe la herramienta como de “función preventiva”, pensada justamente para que una empresa pueda revisar a una contraparte antes de cerrar una operación comercial, no solamente después de haber sufrido un perjuicio. El Boletín Oficial, por su parte, publica los edictos de los procesos de concurso preventivo y quiebra, lo que permite verificar si una empresa atraviesa una situación de insolvencia formal antes de asumir un compromiso comercial relevante con ella. Y la Inspección General de Justicia permite solicitar información registral sobre la constitución de una sociedad, su objeto social declarado y sus autoridades, el mismo tipo de dato que, en el caso de la AFA, hubiera permitido advertir con antelación que una empresa hotelera no tenía ningún registro habilitante para facturar servicios de construcción.
Ninguna de estas consultas exige capacidades técnicas avanzadas ni acceso a información reservada. Exige, en cambio, la decisión de hacerlas antes de avanzar con una relación comercial, y no después de que algo salió mal.
La verificación no solo reduce el riesgo: también protege legalmente
Existe un antecedente judicial reciente que conviene conocer porque cambia el cálculo de esta discusión: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en la causa “CHS de Argentina S.A. c/ AFIP-DGI”, estableció que una empresa no puede ser responsabilizada por las irregularidades fiscales de un proveedor cuando ella misma actuó con la diligencia razonable que la normativa espera: registrar correctamente las compras en su contabilidad, verificar los comprobantes contra la base de facturas apócrifas, efectuar las retenciones correspondientes y utilizar los medios de pago exigidos por la normativa de prevención de la evasión. El tribunal recordó, citando jurisprudencia de la Corte Suprema en el precedente “Bildown S.A.”, que el organismo recaudador no puede trasladar su propia función de control a los particulares. En otras palabras: verificar a un proveedor con las herramientas públicas disponibles no es solamente una buena práctica de gestión de riesgo. Es, además, lo que puede diferenciar a una empresa que actuó de buena fe de otra a la que se le atribuye responsabilidad por no haber hecho ese control mínimo.
Lo que la verificación pública no garantiza
Conviene no sobreestimar el alcance de estas herramientas. Que una empresa no figure en la base de facturas apócrifas no significa que nunca vaya a estarlo: una sociedad recién constituida, creada específicamente para operar durante un período breve, puede no tener todavía ningún antecedente registrado en el momento exacto en que se la consulta. Que no tenga un concurso preventivo publicado no significa que su situación financiera sea sólida, solamente que no atraviesa, por ahora, un proceso judicial formal de insolvencia. La verificación con fuentes abiertas reduce el riesgo de manera significativa, pero no lo elimina, y tratarla como una garantía absoluta sería tan equivocado como no hacerla en absoluto. El criterio de proporcionalidad vuelve a ser central acá: una verificación exhaustiva tiene sentido para una relación comercial de magnitud relevante o recurrente, y resulta menos necesaria para una operación puntual y de bajo monto, donde el costo de la verificación puede superar al riesgo que busca mitigar.
Un componente de la debida diligencia, no una investigación paralela
Dentro de un enfoque de Human Risk Management, verificar a un proveedor con fuentes públicas antes de iniciar una relación comercial es una extensión natural del mismo criterio que se aplica a personas: función, exposición y proporcionalidad determinan cuánta verificación resulta razonable, no una sospecha generalizada hacia cualquier contraparte. Desde Validato, empresa especializada en Background Screening y Human Risk Management, la verificación de terceros y proveedores se aborda con esa misma lógica: cruzar fuentes públicas disponibles para reducir el riesgo antes de que una relación comercial avance, sin necesidad de ningún acceso a información reservada. “La mayor parte de lo que hubiera evitado sorpresas en casos como este ya estaba disponible públicamente. El problema casi nunca es la falta de información: es que nadie se tomó el trabajo de cruzarla antes de firmar”, señala Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato. “OSINT no es una palabra sofisticada para espiar a nadie. Es, simplemente, mirar con método lo que ya es público.”
Una reflexión final
La causa que investiga a la AFA todavía está en curso y merece tratarse con esa cautela. Pero el patrón que expone ya es una lección disponible, sin necesidad de esperar una sentencia: una empresa registrada para un rubro que factura servicios de otro completamente distinto es, en sí misma, información pública que contradice lo que se está pagando. Verificarla no requiere ninguna herramienta que no esté al alcance de cualquier área de compliance o de compras. Requiere, nada más, la decisión de consultarla antes de que el contrato ya esté firmado.
Fuentes y marco normativo consultado:
[*]LA NACION, “Amplían las acusaciones contra Tapia por facturas falsas: aparecen empresas apócrifas, changarines que hacen diseño web y compra y venta de ganado”, 19 de mayo de 2026
[*]Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), buscador público de facturas apócrifas
[*]Boletín Oficial de la República Argentina, régimen de publicación de edictos de concursos y quiebras
[*]Inspección General de Justicia, procedimiento de pedido de informes sobre sociedades registradas
[*]Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, “CHS de Argentina S.A. c/ AFIP-DGI” (cobertura de El Cronista), con cita del precedente de la Corte Suprema “Bildown S.A.”
