Source: Deutsche Nachrichten
La industria argentina del software vive un buen momento: más de 158.000 empleos formales y un récord histórico de exportaciones en 2025, apalancado por el régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (Ley 27.506), que premia con una reducción de entre 20% y 60% del impuesto a las ganancias a las empresas que exportan, capacitan e invierten en investigación y desarrollo. Pero ese mismo crecimiento tiene una cara menos visible: para cumplir con los requisitos de exportación de la ley y sostener el ritmo de contratación, muchas empresas de software, estudios de desarrollo y proveedores de TI argentinos escalan sus equipos —propios y tercerizados— más rápido de lo que logran verificarlos, justo cuando esos equipos manejan cada vez más datos sensibles de clientes locales e internacionales.
El costo de ese punto ciego quedó ilustrado, más allá de cualquier lectura política, por el debate público que se generó en Argentina en torno a una eventual vinculación entre el Estado y la empresa estadounidense Palantir Technologies para analizar bases de datos como el SINTyS, el sistema que centraliza información patrimonial, impositiva y social de más de 100 organismos nacionales, provinciales y municipales. A la fecha no hay un acuerdo confirmado entre las partes, pero especialistas en privacidad como los del CELS advirtieron públicamente sobre los riesgos de cruzar y perfilar información sensible sin controles externos suficientes. Se puede discutir si ese proyecto puntual avanza o no; lo que no está en discusión es la lección de fondo: cuando un sistema integra datos sensibles de millones de personas, la pregunta de quién tiene acceso, con qué verificación previa y bajo qué controles, deja de ser un detalle técnico y se convierte en una cuestión central, tanto para un organismo público como para cualquier empresa privada que procese ese mismo tipo de información.
Esa misma lógica aplica, en una escala distinta, a cualquier estudio de desarrollo argentino que trabaje para un cliente en el exterior. La Directiva NIS2 de la Unión Europea obliga a las empresas europeas a controlar el riesgo de ciberseguridad de toda su cadena de proveedores, lo que en la práctica traslada la exigencia de verificación a los proveedores de software fuera de la UE, Argentina incluida. A eso se suma la Ley de Protección de Datos Personales (25.326), que exige a cualquier empresa que procese datos personales garantizar que quienes acceden a ellos —empleados en relación de dependencia, contratistas monotributistas, freelancers— cuenten con la idoneidad y confiabilidad necesarias para esa tarea. En un sector donde buena parte del talento trabaja bajo esquemas de contratación flexibles y rotación relativamente alta, mantener ese control de forma manual, con una planilla y algún llamado a referencias, se vuelve cada vez menos sostenible.
“El riesgo no está solo en el proyecto grande y visible del que todos hablan; está en la cantidad de desarrolladores freelance, estudios tercerizados y proveedores de infraestructura que cualquier empresa de software suma cada mes sin un proceso parejo de verificación”, explica Guido Schenone, Comercial & Growth Manager de Validato. “Cuando escalás rápido para cumplir un objetivo de exportación o para no perder un cliente, es tentador saltear ese paso. Pero un desarrollador o un proveedor sin verificar con acceso a una base de datos de clientes es, ni más ni menos, el mismo tipo de riesgo que generó tanto debate en el caso de un proyecto estatal a gran escala, solo que a una escala más chica y mucho más común.”
La recomendación práctica para las empresas de software y proveedores de TI argentinos es tratar la verificación de personal y de proveedores como parte del mismo proceso de seguridad que ya aplican a sus sistemas: identidad, competencia técnica y antecedentes antes de dar acceso, revisión de integridad financiera y conflictos de interés cuando el rol lo justifica, y una reevaluación periódica que acompañe el crecimiento del equipo, no solo un chequeo inicial que se hace una vez y se archiva. En una industria que crece al ritmo que crece la argentina, esa disciplina es, cada vez más, parte de lo que un cliente —sea una pyme local o una empresa europea alcanzada por NIS2— espera poder auditar antes de firmar un contrato.